Un poco de oxígeno previo al Plan de Estabilidad

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Los mercados van a investigar la ´deuda B´ del Gobierno y las administraciones públicas,de ahí que aflore el problema de la mora

Mientras día y noche las radios descargan apabullantes cifras sobre las deudas impagadas de unos ayuntamientos y comunidades autónomas “al borde de la quiebra”, el Gobierno ultima la puesta en marcha de un pequeño banco malo a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) bajo la apariencia de resucitar la banca pública.

Minimizado o aplazado el programa de reformas que tiene pendiente la economía española como la del mercado laboral o la de las pensiones (cuyo alcance puede parecer más difuso y resulta menos perceptible), el Ejecutivo ha entrado en una esfera de la política económica más sensible para la opinión pública ya que en ella se concentran muchos intereses, como el de las pymes, que rondan la cifra de 1.260.000 empresas, según Cepyme, o los autónomos, que suman más de 3 millones de profesionales. Todo esto mientras ha abierto conversaciones con el resto de partidos.

Inspirándose en la ley francesa de Modernización de la Economía del 4 de agosto del 2008, impulsada por Sarkozy, el debate se ha abierto principalmente sobre tres frentes: la financiación de las pymes y autónomos; la morosidad pública y privada, y la evolución a corto plazo de la construcción. La diferencia con Francia es que la iniciativa española se ha adoptado en un momento de miedo a los mercados.

LA FINANCIACIÓN La crisis ha provocado grandes problemas de financiación para todos, especialmente para los más débiles. Para dar una idea del problema, el crédito a corto plazo a las empresas (esencial para financiar su circulante, el día a día) cayó de 2,16 billones de euros en el 2007 a 1,53 billones en el 2008, casi un 30%, según el Banco de España. En el 2009, los términos fueron similares o peores. Es “la dimensión de la tragedia”, según Antoni Cañete, secretario general de Pimec. Así, es como si todo un inmenso sector de la economía española, el de las pymes y los autónomos, que representan cerca del 70% del PIB, hubiera quedado fuera de juego. ¿Cómo pensar en una recuperación sin ellos?

El Banco de España está trabajando de firme para desatascar esta cuestión, pero el Gobierno busca sumarse potenciando el ICO, que ofrecerá garantías por el 100% de préstamos de hasta 200.000 euros que se concederían a empresas “solventes” con problemas de acceso al crédito, según la propuesta oficial.

La cuestión en este caso es la definición de “solvente” porque, según datos de una encuesta de la Pimec sobre 81.000 empresas catalanas asociadas, el 25% de ellas tenía un endeudamiento equivalente al 47% de sus recursos propios; el 50%, es decir la mayoría, del 72%, y el 25% peor, del 90%. “Están endeudadas, tienen problemas, pero eso no quiere ni mucho menos decir que no sean viables”, dice Antoni Cañete. “Ocho de cada diez autónomos tienen problemas de acceso al crédito”, dice Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Entre los términos “solvente” y “viable” comenzará una polémica muy viva en la que el ICO se juega el calificativo de banco malo (sus posibles números rojos acabarían en emisión de más deuda) y en la que intervendrán los mediadores del crédito, figura creada en Francia por efecto de la mencionada ley de Modernización. La Pimec, por ejemplo, ya tiene preparado un primer equipo de mediadores.

La cuantía del crédito que va a ofrecer el ICO representará un 1% del sistema crediticio. “Una cifra de 20.000 millones de euros realmente puesta a disposición y utilizada al 100% en el ámbito de la financiación del circulante es correcta”, dice Antoni Cañete.

Los interesados parecen verlo bien, quizá por comparación con lo ocurrido con la primera línea de crédito abierta por el ICO de 10.000 millones de euros, de los que sólo se utilizaron 5.000 millones por lo problemas de las empresas en su obtención. “Es bueno, es sangre y las empresas están exhaustas”, dice Joaquín Trigo, director de Foment.

Ahora bien, ese 1% ¿es suficiente para cambiar el mapa financiero español y hacer que la economía crezca?

Según Luis ÁngelRojo, ex gobernador del Banco de España, “algo ayudará, pero no demasiado”. En su día, en los años 60, había banca pública en España. ¿Tuvo un papel importante? “No, la banca que cuenta es la banca privada”. Sí, pero no parece dar los créditos necesarios a la economía…”.

La banca española está bastante normalizada. Están bien. Las que tienen problemas son las cajas de ahorros”, recalca Rojo.

LA REHABILITACIÓN En el 2006, la cifra de visados para la construcción de viviendas en España ascendió a 915.000; en el 2009 se contrajo a 110.000. Aquí hay un riesgo de grave destrucción de tejido industrial hasta que dentro de unos años la economía española salga del ajuste, y es necesario conservar y retener lo posible de ella, siguiendo hasta cierto punto el modelo alemán. Aunque hay un problema: la rehabilitación de pisos y fincas privadas (el de los edificios públicos es otra cosa) propuesta por el Gobierno puede frenar la compra de viviendas que busca impulsar el Banco de España a través de la reducción de sus precios.

Lo curioso de la propuesta es que se basa en la premisa de la rebaja de impuestos como multiplicador de la inversión. De hecho, se trata de que la reducción del IVA y la deducción en el IRPF impulsen las obras de rehabilitación. Es decir, a menos impuestos más actividad. Entonces, ¿por qué no aplicar ese criterio con carácter general al conjunto de la actividad, como algunos proponen en la conversaciones Gobiernopartidos? Lo veremos ahora.

LA MOROSIDAD Según Antoni Cañete, de Pimec, la administración pública paga a las empresas proveedoras a 154 días, cuando debería hacerlo por ley a 60. El Gobierno dice que progresivamente deberá reducirse a 30 días. Pero la cuestión es la siguiente: no es haciendo leyes como se solucionan los problemas financieros de la Administración, central, autonómica o local. El problema es que no tienen dinero porque se les han hundido los ingresos que antes les daba el sector inmobiliario. Por eso, el Gobierno se ha visto obligado a subir el IVA, para cubrir el agujero y enviar un mensaje de confianza a los mercados.

La cuestión de la morosidad va en la misma dirección: dar seguridades a esos mismos mercados sobre la afloración de la deuda B (la deuda no pagada) de las administraciones y sobre su capacidad de abordarla mezclándola con la mora privada (ahora se paga a 101 días), que también se trata de corregir. Como dicen algunos, si el Gobierno y las administraciones quieren dar liquidez a las empresas no necesitan recurrir al ICO, bastaría con que empezaran a pagar sus deudas, que según Cepyme eran de 33.200 millones de euros en el 2009.

Como dice Lorenzo Amor, “las últimas iniciativas son de poca monta, sin demasiado calado”. Son movimientos antes de aplicar el Plan de Estabilización, perdón de Estabilidad, que durará según el Gobierno hasta el 2013.

Fuente: La Vanguardia

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