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Agencias inmobiliarias, más allá del reajuste del sector

En los dos últimos años se han cerrado en España unas 70.000 agencias inmobiliarias, especializadas en servicios como la mediación en la compraventa de inmuebles o la gestión de alquileres, y se han destruido cerca de 300.000 puestos de trabajo en el sector de la medicación inmobiliaria. Se trata de un volumen de destrucción de empleo muy superior a otros sectores, como el automovilístico que, con una previsión de 50.000 empleos perdidos, ha provocado una gran preocupación en el Gobierno.

Es fácil pensar que este panorama responde al reajuste de un sector desmesuradamente hinchado durante los últimos años. Sin embargo, a finales del año 2007, ya se habían cerrado 3 de cada 10 agencias inmobiliarias en España y a principios del 2008 el sector, que había crecido artificialmente al amparo del boom inmobiliario, volvía a los índices de finales de los años 90. A lo largo del 2008 muchas agencias inmobiliarias han hecho frente a la caída de la compraventa abriendo el abanico de servicios como la gestión de alquileres, la administración de comunidades, etc. Pero muchas no han podido resistir.

Se trata de un escenario que evidencia que son necesarias medidas reales de apoyo a la mediación inmobiliaria, como las emprendidas en otros sectores empresariales. Hace tiempo, ya pedimos un IVA reducido del 7 % para los honorarios profesionales de los agentes inmobiliarios en los procesos de compraventa y el alquiler de vivienda. Ahora esta reducción es posible. El IVA reducido, que se aplica ya en restaurantes y construcción y al que pueden acogerse las peluquerías y servicios de albañilería hasta el 2010, beneficiaría en nuestro sector a vendedores, compradores e inquilinos.

Pero si queremos hacer una radiografía realista de la crisis del sector, no podemos limitarnos sólo a la caída de la compraventa de inmuebles o a la falta de ayudas indirectas. Otros factores han favorecido la gravedad de esta crisis en la mediación inmobiliaria. Uno de ellos es que las Administraciones públicas que articulan las ayudas de impulso económico a las pyme y trabajadores autónomos en muchos casos han excluido de éstas a las empresas del sector inmobiliario, como las promotoras y las constructoras, pero en el paquete quedamos también fuera las agencias de mediación, que somos empresas de servicios.

El otro factor es, sin duda, la creación de las Oficinas Públicas de Alquiler por parte de Gobierno y ayuntamientos, impulsadas con dinero público. Estas agencias suponen una verdadera competencia desleal para los profesionales de la mediación inmobiliaria. No se trata de que los inquilinos pierdan las ayudas, sino de que las administraciones canalicen esta actividad a través de los profesionales que nos dedicamos a ello, muchos de nosotros con una larga experiencia y conocimiento en materia de arrendamientos urbanos. Agencias inmobiliarias y Oficinas públicas tenemos los mismos clientes pero los agentes inmobiliarios jugamos con clara desventaja en esta partida.

Si queremos hacer frente a esta situación, Colegios y Asociaciones de agentes inmobiliarios debemos unirnos y de manera conjunta hacer valer nuestra profesión y nuestra experiencia ante los poderes públicos y la sociedad.

Óscar Martínez

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